Protección de la población migrante en riesgo por la pandemia

La crisis venezolana ha tenido consecuencias humanitarias dramáticas para la población vulnerable en Venezuela, pero también para la población migrante en los países vecinos. El acceso a alimentos, agua y saneamiento, salud y servicios de protección humanitaria se ven gravemente afectados.

En Caracas, la inestabilidad en los precios de los alimentos, combinada con la limitación de los ingresos, impiden que las familias cumplan con los requisitos dietéticos básicos. Se estima que cerca del 47% de hogares se encuentran en condición de inseguridad alimentaria severa o crítica. La desnutrición crónica es del 28,4%, y afecta especialmente a mujeres y menores. La calidad del agua es baja y el suministro irregular. Además, escasean los artículos de higiene de buena calidad y apropiados para cada género. El 96% de las mujeres se sienten en riesgo de sufrir violencia doméstica y sexual, abuso en las calles y explotación sexual, incluida la trata.

Para las zonas de frontera y tránsito de Colombia, Ecuador y Perú, el acceso a la vivienda básica sigue siendo un desafío. Muchas personas migrantes viven en albergues improvisados ​​que carecen de estándares básicos de dignidad y protección en los que el acceso de agua e higiene es muy deficiente. Una gran mayoría de las personas migrantes en tránsito comen una o dos comidas al día en el comedor comunitario. Del mismo modo, trabajan sin contrato formal ni acceso a seguridad social. La situación irregular generalizada y el escaso acceso a información y orientación sobre riesgos en la ruta migratoria y trámites legales dificulta el acceso de la población migrante a otros servicios como educación o salud. Se enfrentan, además, a una alta exposición a la violencia generalizada y las mujeres, en particular, a la violencia basada en género.

La pandemia ha profundizado la crisis debido al estancamiento económico y la pérdida de los medios de subsistencia. Las familias tienen ahora graves dificultades para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

El proyecto aborda las necesidades de protección, seguridad alimentaria, nutrición y acceso a agua y saneamiento de población vulnerable, tanto en Venezuela como en los países vecinos afectados por las consecuencias humanitarias de la crisis venezolana y, en la actualidad, también por el impacto de la COVID-19. Además, el proyecto es particularmente sensible al género e inclusivo con personas con discapacidad.

El 48% de las personas beneficiarias directas vive en zonas urbanas y periurbanas de Caracas en condiciones de extrema vulnerabilidad y con necesidades básicas descubiertas. El 52% son migrantes de Venezuela en tránsito o con intención de permanecer en Colombia (31%), Ecuador (11%) y Perú (10%), así como colombianos/as retornados/as y población de acogida de los tres países. Todas estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente frente a la violencia generalizada y al desafío diario para cubrir sus necesidades básicas.

La vulnerabilidad y los riesgos para la población se han visto exacerbados por la pandemia. En este sentido, se emprenden actividades y medidas preventivas que reducen el riesgo de sufrir la violencia y contraer la COVID-19. Al mismo tiempo se abordan las necesidades de acceso a agua, higiene, saneamiento y micronutrientes.

• Han sido atendidas 74 012 personas adultas, menores, bebés y personas mayores vulnerables.

• Se han reforzado organizaciones de base para el buen desempeño de sus actividades. Ante la falta de datos e información nutricional confiable y regular, la red Alimenta la Solidaridad, nuestro socio local, recibió apoyo con el objetivo de mejorar sus actividades de vigilancia nutricionales iniciadas en 2018 de cara al buen seguimiento de sus programas de comedores sociales.